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SIS: ¿DE DÓNDE SALEN TANTOS NIÑOS?
Dr.
Herberth Cuba García
Nos
ha obsequiado personalmente el Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud,
el documento “Logros SIS 2004”, gentileza que hemos correspondido con un
minucioso análisis. Fruto de esta lectura son estas reflexiones.
Una
característica del SIS es su enorme movilidad social, entran y salen pacientes
del sistema. Los programas están diseñados por daños y edades y no para el
paciente en su integridad. Resuelto el daño y/o cambia de edad y sale del
sistema. El prototipo es el plan C (gestantes):entran con el diagnóstico de
gestación y salen después del parto. El plan D ( adultos por emergencia):
entran por la emergencia médica y salen después de ella. El plan B ( 5 a 17 años):
salen los jóvenes luego de los 18 años. Hay 2 planes más, el A: 0 a 4 años
y el plan E: adultos focalizados (dirigentes de las organizaciones sociales de
base). Por lo tanto, el SIS tiene 5 planes en modo oficial. Informalmente hay un
“sexto plan” (“casos sociales”), es decir, personas que no encajan en
ninguno de los 5 planes, pero que la administración del SIS decide admitirlos y
subsidiar sus gastos médicos.
Las
entradas y salidas de pacientes del sistema, sin tener en cuenta los niveles
reales de pobreza en el tiempo de cada uno de los afiliados, sino solamente el
daño y la edad, tiene dentro de la lógica del aseguramiento su principal
debilidad. Las cifras reportadas reflejan sólo una radiografía del momento y
no permiten extrapolar tendencias administrativas ni financieras.
Por
ejemplo, los documentos oficiales del MINSA señalan 9,1 millones de afiliados,
a diciembre del 2004. ¿Corresponden a cifras ya depuradas, producto del saldo
ingresos/egresos del sistema? No. El número de afiliaciones corresponde a las
“afiliaciones de años anteriores a las que se les ha agregado las del
2004”. En otras palabras, es muy probable, que ni siquiera la
administración central del SIS conozca la cifra exacta de afiliados y que la
cifra sea menor a lo que señala la propaganda oficial.
Otro
ejemplo es la aparente incoherencia que se constata entre el número de
gestantes afiliadas (655,972) frente a los niños de 0 a 4 años afiliados
(3’068,830). Hay que tomar en cuenta algunas correcciones que podrían
alterar estas cifras: gestantes que no culminan con el parto, abortos, abandonos
por viaje, partos gemelares, etc. con lo que la cifra de partos y por lo tanto
de niños nacidos en el 2004 son menos que el número de gestantes
afiliadas. (655,972). Sin embargo, el informe oficial señala que el 2004
afiliaron 3’068,830 niños de 0 a 4 años. ¿De donde salieron los niños? Es
posible, que el informe sume los niños nacidos hace 4 años, 3años, 2 años y
1año, es decir a los afiliados antes del 2004, con lo cual ya no sería un
logro del 2004, sino de varios años. Otra explicación podría ser que antes no
estaban afiliados y recién los han afiliado el 2004, aún sin haber afiliado a
ningún nacido desde el 2001, sólo sumarían aproximadamente, 2’623,888 niños.
Una tercera hipótesis es que no hayan depurado a los niños afiliados que
cumplieron 5 años, y que hoy están en otro plan, (plan B: 5 a 17 años)
duplicando cifras. La duda y suspicacia que genera el informe al presentar
los logros del 2004 pone sobre el tapete la calidad y credibilidad de las cifras
que maneja el MINSA.
Finalmente, los “casos sociales”, es decir, personas no aseguradas que han sido atendidas por el SIS, gastaron 328,180 nuevos soles, abonados casi en su totalidad a los hospitales e institutos nacionales de Lima. ¿Qué criterios se aplican para los casos sociales, quién los recomienda, quienes se benefician?. Aún así, hay que señalar que no es misión del SIS atender estos “merecidos” favores, sino obligación del propio Ministerio de Salud. ¡Cuidado con la politización de sistema!.
*Vocero oficial de la Asociación Médica Peruana
El
gasto Administrativo del SIS
*
Dr. Herberth Cuba García
El Seguro Integral de Salud,
(SIS) diseñado sobre la base del Seguro Escolar Gratuito y del Seguro Materno
Infantil de la década pasada, significa un enorme esfuerzo de la caja fiscal
para subsidiar en modo directo atenciones médicas y servicios de salud a
los sectores pobres del país. El Seguro Integral de Salud, según
versiones oficiales, desde su creación ha sobrepasado las 46 millones de
atenciones y los 708 millones de soles.
La
pregunta que se hace la ciudadanía es ¿Qué impacto han tenido en la salud
estas enormes cifras? La ciudadanía exige una contrastación
entre políticas y metas.
Primero,
habría que señalar que 46 millones de atenciones, significa que 46 millones de
veces se ha tomado contacto con los servicios de salud. No significa problemas
de salud resueltos. Un paciente requiere por lo general más de tres atenciones
para resolver sus problemas de salud. Por otro lado, los 708 millones, significa
lo asignado a la administradora de los fondos del Seguro Integral de Salud y no
lo que efectivamente se ha gastado en cada uno de los pacientes atendidos.
Por
ejemplo, el año 2004, según propia versión oficial, la administración
del SIS sólo posee, 243 personas y una pequeña infraestructura. Sin embargo,
en cada hospital o establecimiento de salud existe una frondosa burocracia que
se encarga del SIS, que incluye contadores, médicos, técnicos; en algunos
lugares hay hasta 12 personas. Además, se incluyen, los gastos en oficinas,
luz, agua, teléfono, computadoras, Internet, papelería, útiles de escritorio,
folletería, publicidad, etc. El año 2004, el SIS
ha gastado aproximadamente 280 millones de soles de los cuales afirman que sólo
han gastado aproximadamente 16 millones de soles en administración. ¿Qué
ha hecho el SIS para gastar tan poco en administración y poseer una frondosa
burocracia, publicidad, equipos de cómputo etc? Muy
fácil, ha traspasado sus propios gastos administrativos a los hospitales y
establecimientos de salud.
Hay
que recordar que los servicios del Ministerio de Salud se encuentran colapsados,
sin mantenimiento, con atraso tecnológico y con falta de equipos, insumos e
infraestructura. El poblador que acude a los establecimientos de salud a cargo
de Ministerio de Salud sufre la pobreza y la inequidad. Sin embargo, el SIS le
transfiere sus propios gastos administrativos en modo sistemático y cada vez en
modo creciente.
Es
necesario que sin falsos triunfalismos, con modestia, se sinceren las cifras. El
Seguro Integral de Salud debe subsidiar los costos totales de cada uno de sus
pacientes afiliados. No es posible, que los hospitales y postas del sector salud
gasten dinero, que no lo tienen y vuelvan a subsidiar en modo cruzado también a
la administración del SIS. Exprimir aún más a los servicios de salud del Minsa,
significa ahondar la crisis, mayor colapso y finalmente privar del derecho a la
salud a la población más pobre del Perú. La población requiere transparencia
y menos politiquería en la atención de sus necesidades.
*Vocero
oficial de la Asociación Médica Peruana
LA
GRIPE AVIAR COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA
El Perú no esta preparado para hacer frente a la posible epidemia.
La gripe aviar es
un problema de salud pública. Sin embargo, por la falta de liderazgo de las
autoridades del sector salud, esta no ha sido considerada así. Ha sido
necesaria la presión de los médicos
y la prensa para lograr que se considere a la gripe aviar como un serio problema
de salud pública para nuestro país. La Asociación Médica Peruana y los
medios de comunicación han exigido al sector salud la elaboración de una
estrategia nacional de prevención y control contra la epidemia. A pesar que los
organismos de salud internacionales, OMS y OPS habían alertado dramáticamente
desde febrero del año 2004, del riesgo de una pandemia, el Ministerio de Salud
de Perú no había hecho nada. Es más, en sus inicios pretendió acusarlos de
alarmistas, luego, amplió la torta hacia todas las infecciones por influenza,
es decir, las A;B;C, pretendiendo minimizar la gravedad de la influenza A, que
es la aviar. Además, deslizó la idea de existir intereses económicos
por las denuncias. Sin embargo, luego del brote de Colombia, se ha generado una
reunión de ministros de salud del área andina en Lima que ha declarado por fin
que la gripe aviar es un problema muy serio de salud pública.
¿Qué
importancia tiene declarar una enfermedad como problema de salud pública?,
significa la articulación de una respuesta integral usando estrategias políticas,
económicas, sociales, culturales, legales, médicas, etc. Por ejemplo, dejar en
suspenso el ejercicio de algunos derechos ciudadanos, como el libre transito,
destinar fondos, supervisar empresas, sistemas nuevos de información
obligatoria, vigilancia, etc. Es necesaria la participación de todo el sistema
político y de los políticos. La modificación de algunos procedimientos de
producción de las empresas, alteración de las costumbres, propuestas
legislativas, etc. Toda epidemia tiene enormes implicancias en la marcha
de nuestro país.
Los
países europeos, EEUU, Chile poseen planes muy elaborados. Sí, ha leído bien,
Chile también. Sólo basta visitar el portal del Ministerio de Salud de Chile,
para saber a que atenerse. No solo el ciudadano común que cuida su salud, sino
el empresario que cuida la rentabilidad de su empresa. Chile, no le pide a su
pueblo que se tranquilice, le infunde tranquilidad por sus acciones. ¿Es
posible que haya epidemia a pesar de estar preparados? Si, aunque en una
probabilidad menor y con costos en vidas y económicos más bajos.
Las
acciones de salud pública tienen 3 líneas de acción básicas: prevención y
control, diagnóstico precoz y tratamiento. Las acciones de prevención y
control tienen su símbolo ideal en la vacuna, sin embargo, en la presente
epidemia esta sólo podría aplicarse y generalizarse 4-5 meses después del
brote epidémico en humanos por lo cambiante del virus. Por ello, las acciones
de prevención y control tienen como primer objetivo impedir que se afecten las
aves. No hay que esperar que el brote llegue a los humanos para recién actuar.
La primera barrera de control es evitar que las aves se contagien. Este objetivo
estratégico solo puede llevarse a cabo si logramos un compromiso, una gran
alianza, un gran comité nacional que elabore un gran plan nacional con
objetivos y estrategias claras y comunes que eviten la duplicidad de gastos y
esfuerzos. La necesidad de la participación del empresariado formal, informal,
del estado, universidades, sociedad civil, organizaciones de base comunales,
gremios, etc. es clave para el logro de este objetivo. Lamentablemente, el Perú
no tiene un plan. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria en sendos comunicados
sectoriales señala la creación del CODIA (Comité de Defensa contra la
Influenza Aviar), es un avance del Ministerio de Agricultura, pero muy
insuficiente y aislado.
La
segunda línea de acción es el diagnóstico precoz y significa detectar a los
enfermos por la presencia del virus, sobre todo del hiperpatógeno, H5N1, en las
aves de nuestro país y también, de ser el caso, en los seres humanos.
Veterinarios y médicos con laboratorios equipados, o con laboratorios
nacionales o extranjeros enlazados en redes, tienen a su cargo esa difícil misión.
En consecuencia cualquier ciudadano sabría donde dirigirse a la menor sospecha
de la enfermedad o de presencia del virus. Lamentablemente, tampoco el
Ministerio de Salud ha dado a conocer a la opinión pública y a la profesión médica
cual es ese laboratorio o cual es la red de laboratorios que brindarán este
servicio.Tampoco el costo de los análisis, tiempo de espera del resultado, métodos,
etc. este vacío tiene que remediarse en el más breve plazo.
La
tercera línea de acción, se da una vez detectado el virus. Por un lado, todas
las aves del foco epidémico son sacrificadas. Algunos países han
sacrificado miles de miles de aves. Este masivo sacrificio de aves rompe la
cadena de transmisión de la enfermedad. Por otro lado, es distinto el
comportamiento si se detecta el virus en los seres humanos. No es posible el
asesinato en masa, ni por acción u omisión. Los seres humanos son tributarios
de un tratamiento. Hoy ya existe un antiviral, el tamiflu que viene en cápsulas
de 75 mg, y se usan dos cápsulas al día por 5 días. En los EEUU, el costo
aproximado es de 75 dólares por las 10 cápsulas.
Debido
a la gran demanda internacional por el antiviral el laboratorio que detenta la
patente ha sido sobrepasado en su capacidad y ha señalado su predisposición a
autorizar las licencias para que también otros laboratorios produzcan el
antiviral, y ha donado a la OMS un lote importante de antivirales, para alguna
emergencia en cualquier país del mundo. Sobre este punto, el Ministerio de
salud inicialmente señaló que debido al costo, era imposible tener los
antivirales en el Perú. Extraño punto de vista. Si hay peruanos que lo pueden
pagar, ¿porque no se le otorga el registro sanitario para que se venda en las
farmacias?. Como se sabe el tamiflu, sirve también para los otros tipos de
influenza, B y C. Hay que remarcar que el gobierno debería poner los
antivirales a disposición de quien pueda comprarlos y a través de un fondo
rotatorio con otros países andinos tener un lote de antivirales para cualquier
emergencia sanitaria.
Las tres medidas de salud pública tendrán diferente énfasis según el
objetivo estratégico que se persiga. Como ya se ha señalado, en la presente
etapa, el objetivo estratégico es fortalecer la barrera de control para evitar
que las aves se contagien. Sin embargo, esta tarea es muy difícil en nuestro país.
Al lado de la crianza formal, moderna y con altísimos estándares de
bioseguridad, se encuentra la crianza informal, precaria de subsistencia y peor
aún, la clandestina a través por ejemplo de los recicladores de basura..
Además,
se sabe que la crianza conjunta, en un mismo ambiente de pollos, patos, pavos,
chanchos, etc. aumenta el peligro de la mutación y la enfermedad. Es común
en nuestro país, este tipo de crianza. Se necesitará un inmenso esfuerzo para
modificar esta ancestral costumbre, y lograr que las diferentes especies de
animales se críen por separado y en ambientes aislados, que impida el contagio
también de las aves silvestres y migratorias.
Los mercados venden aves vivas, que son sacrificadas en presencia del comprador,
sin las mínimas reglas de higiene. Se acerca la navidad y la demanda por pavos
y chanchos se incrementará. Los pollos son la base de la alimentación en el
Perú. Además, el consumo de huevos sin cocinar es extendido en variadas y
sofisticados potajes y bebidas. Lograr que los mercados formales e informales,
las amas de casa, comprendan el riesgo en que se encuentran y modifiquen sus
costumbres será muy arduo. El rol de los municipios es muy importante.
La falta de un plan estratégico, de información segura y confiable ha tenido
un impacto negativo en la industria avícola. Los precios del pollo han caído.
Ha disminuido su consumo. ¿Caerá también la exportación?, es probable,
el Perú deberá exhibir medidas de control muy exigentes. Chile es un ejemplo.
No sólo hay que declarar que somos un país libre de gripe aviar, sino también
hay que demostrarlo. Como la gripe aviar se transmite a través de las vías
respiratorias, es necesario revertir el infundado miedo de consumir aves y
huevos cocinados. El Ministerio de Salud es responsable de cuantiosas pérdidas
económicas por inacción.
Recomendaciones para la
prevención y control de la gripe aviar de la
1.-
Formar una gran alianza, un comité, que englobe a todos los sectores
involucrados: salud, agricultura, SENASA, aduanas, gobiernos regionales y
locales avicultores, porcicultores, la administración de los parques,
organizaciones de base, sociedad civil, gremios profesionales, etc. para
contrarrestar la epidemia y sobretodo para evitar la duplicación de esfuerzos y
gastos.
2.-
Precisar con claridad que el objetivo estratégico en la presente etapa de
la epidemia es evitar el contagio de nuestras aves.
3.-
Funcionamiento inmediato de la red de laboratorios, con veterinarios y médicos
para la detección precoz de la gripe aviar.
4.-
Otorgar registro sanitario al antiviral oseltamivir (tamiflu) o similares, para
que se vendan en las farmacias y crear un fondo rotatorio con los países
andinos para la emergencia sanitaria.
5.-
Normar la recolección de las posibles aves muertas y del eventual sacrificio de
las aves que han entrado en contacto con las aves enfermas.
6.-
Normar y asegurar las condiciones de aislamiento para los eventuales casos en
los hospitales públicos.
7.-
Informar, educar y comunicar a la población en:
a.-Crianza
adecuada de las aves de corral. Cada especie por separado y en ambientes
cerrados (para evitar el contacto con aves migratorias).
b.-Reconocimiento
de los síntomas de la gripe aviar en los pollos, pavos, patos,
chanchos, etc. (moco nasal, tos, diarrea, malestar general). Comunicarse
inmediatamente con SENASA y con el Ministerio de Salud.
c.-Evitar
el contacto con los objetos y superficies contaminadas con deposiciones (heces)
de las aves.
d.-Evitar
la automedicación en los casos de síntomas respiratorios aparecidos en forma
aguda con estado febril. Solicitar consulta médica.
e.-Lavado
de manos permanente, especialmente después del contacto con las aves.
f.-Abstenerse
de acercarse a las aves cuando se está con síntomas respiratorios o con
influenza humano.
g.-
Ser un comprador informado en los mercados. Exigir higiene, mandilones,
mascarilla, guantes, etc.
h.-Tener
presente, al centro de salud, y al laboratorio de referencia más cercano.
i.-
La carne de aves cocinada no produce gripe aviar, por lo tanto hay que
incentivar el consumo de la carne de aves, cocinada.
j.-Los
huevos cocinados no producen gripe aviar, por lo tanto hay incentivar el
consumo de huevos de aves cocinados, por su alto valor nutritivo.
Lima
24 de octubre del 2002
Herberth Cuba García*
Ha empezado ha recorrer el país una serie de noticias en relación al rol de los médicos en la defensa de la vida. En Piura un padre se opuso a una transfusión sanguínea de su hijo y este falleció. Se arguyo libertad de cultos. Luego, en un hospital local un paciente “solicita alta voluntaria” y fallece. También se arguye a la libertad. Estos hechos con consecuencias funestas necesitan una reflexión para que no vuelvan a ocurrir y peor aún, para que la sociedad deslinde responsabilidades.
La Constitución Política del Perú establece una jerarquía de valores. El primer valor ha sido consagrado a la defensa de la vida y la salud. La libertad es el segundo. Nadie puede quitar la vida, ponerla en riesgo ni suicidarse. El estado la tutela.
En otros países, como los EEUU, el primer valor es la libertad. En consecuencia la vida es relativa al ejercicio de la libertad. En consecuencia, para salvarle la vida a un suicida hay que preguntarle.
La ética médica consagra como
su primer valor o principio, el primum non nocere, es decir, en primer lugar no
hacer daño. La ética médica, hipocrática, coincide plenamente con nuestros
preceptos constitucionales, en la defensa de la vida. No hacer daño a la vida.
La beneficencia, es decir, buscar el bien de nuestro paciente es el segundo
principio. Poner el principio de beneficencia antes que el de la vida, es
relativizar la ética y la vida. ¿Qué significa hacer el bien?. Hitler con el
argumento de hacerle el bien al pueblo alemán fabricó un holocausto. Por ello,
sabiamente la ética médica le da
al principio de beneficencia un legítimo segundo lugar. El primer principio es
no hacer daño, por ello también la ética médica es conocida como ética del
no mal.
En los EEUU, donde el principio de la libertad esta sobre la vida, existe una corriente ética, que se disputa con la ética médica la supremacía en el pensamiento médico, esta es la bioética. La bioética tiene como primer principio a la autonomía del paciente, es decir la libertad. La vida esta al servicio de la libertad. La bioética exige un contrato para salvar una vida. Este contrato se llama consentimiento informado.
¿Es necesario revisar estos aspecto éticos y legales para entender los funestos casos señalados?, Si, es necesario. Hay que tomar en cuenta que la valoración de los hechos que realizan las normas, las leyes, se enmarcan dentro de los principios constitucionales. Si la Constitución Política del Perú, protege la vida y la salud por sobre todos los demás principios, de igual manera deberían proceder los médicos y el sistema sanitario del Perú. Los médicos no pueden aplicar los principios bioéticos en su quehacer cotidiano laboral. Eso sería ilegal.
Negarse
a recibir una transfusión, siendo este el último recurso para sobrevivir, no sólo
es no ético sino también ilegal. De igual forma, exigir el alta voluntaria,
cuando su salud esta en riesgo o peligro de muerte.
La alta voluntaria es contraria al ordenamiento jurídico y contrario a
los principios de la ética médica. Los
médicos debemos recurrir a los jueces, para que con el auxilio del derecho nos
ayuden a salvar vidas y daños a la salud.
La población, los médicos y las vacunas
Publicado en el Diario Regional Huánuco, 22 de setiembre del 2005
*Por Herberth Cuba García
La población peruana ha conocido del enorme debate que se generó en torno a las vacunas con mercurio como preservante en los EE.UU. y que trajo como conclusión su prohibición en ese país del norte. En el Perú desde hace tres años los médicos exigieron en cumplimiento de la Ley General de Salud la misma conducta. Además señalaron el riesgo que corrían los niños que recibían estas vacunas con mercurio (trastornos en el desarrollo sicomotor, retardo del lenguaje, problemas de comportamiento, convulsiones, etc.) cuya presentación en multidosis es hasta la fecha usada en algunos establecimientos de salud y fruto de enorme controversia.
En carta dirigida a la Asociación Médica Peruana de fecha 25 de julio del 2005, el Ministerio de Salud textualmente dice que “en el presente año 2005, durante la gestión de la Dra. Pilar Mazzetti, hemos reemplazado el uso de dos dosis DPT (difteria, tétanos y tos convulsiva), la vacuna contra el Haemophilus Influenza y la Hepatitis B en presentación monodosis que no contienen Timerosal” (mercurio). Es decir, señalan que retiran las malas vacunas con mercurio y la reemplazan con otras sin mercurio. Sin embargo, la población y los médicos constatamos en agosto con preocupación campañas agresivas de vacunación, trabajando, incluso los fines de semana, especialmente en las zonas de mayor pobreza, con vacunas con mercurio y en el mes de su vencimiento. ¿Por qué se usaba malas vacunas si ya existían vacunas libres de mercurio? Este hecho fue el detonante del escándalo.
Pero lo peor, se
conoció luego. El 25 de mayo y el 15 de junio del 2005 se promulgaron el DS
013-2005-SA y la RM 456-2005-SA que eluden a la Ley General de Salud y eliminan
el control de calidad a los medicamentos e insumos médicos que serán donados a
la población en los programas de intervención de gran impacto social. Esto
incluye a las vacunas. Esto ha hecho posible que vacunas prohibidas en los EEUU,
y que según Ley General de Salud también lo está en el Perú, hayan ingresado
a nuestro país. Toda una leguleyada.
El problema de la vacuna ha desnudado un tema mucho más complejo aún. No sólo
el intento de encubrir el hecho de que las vacunas que son aplicadas a los niños
contiene mercurio (tóxico) como preservante e impedir que la población ejerza
los derechos legales que le corresponden contra esa negligencia, sino también,
que no existe control de calidad a los medicamentos que el Minsa dona a la
población. Sin rotulados, sin información. Los médicos no saben que recetan y
la población no sabe que consume. La elusión de la Ley General de Salud es un
atentado a la salud pública.
Los médicos y la población exigen que el gobierno retire no sólo las vacunas con residuo tóxico (mercurio) de los establecimientos del MINSA, de EsSalud, del sector privado, supermercados, boticas, etc., sino también, el cumplimiento irrestricto de la Ley General de Salud, es decir, medicamentos seguros, de calidad y con información prolija. Además, que los autores de tamaña leguleyada contra la salud pública asuman sus responsabilidades.
La salud y el marketing político
El discurso presidencial, grandilocuente en logros macroeconómicos, evitó tocar el tema de la salud, pues es evidente su retroceso. La población percibe con mucha claridad el divorcio entre el discurso oficial y las necesidades en salud.La promesa fácil, como por ejemplo, la píldora del día siguiente, con escándalo mediático incluido, para luego constatar que las postas y hospitales públicos están desabastecidos de anticonceptivos, no sólo de la famosa píldora del día siguiente, sino también de la clásica píldora, del condón y la inyección.
¿Por qué ese afán de prometer más si no pueden cumplir con las obligaciones ya contraídas? Hacer cola de madrugada, para una consulta, un tratamiento o un procedimiento, que nunca llega, debido a la escasez y a la carestía, es una afrenta al ciudadano, al pobre.
Esta necesidad ha sido percibida por los políticos, que han empezado una enorme campaña publicitaria en torno a la salud. Los hospitales de la solidaridad, de Castañeda Lossio, las boticas de a sol de Alan García, los chalahospitales de Kouri, e inclusive Lourdes Flores ha incursionado en un programa preventivo, etc.
De pronto todos los candidatos diseñan esquemas de marketing con la medicina como instrumento. Programan cirugías a niños en horarios nocturnos, que coincidan con los noticieros para su transmisión en vivo, con la finalidad de resaltar las calidades de sus programas de salud.
Hay quejas de los vecinos por la contaminación ambiental, aglomeraciones, cambio de uso de las zonas residenciales en zonas comerciales para abrir estas improvisadas carpas, llamadas clínicas. Se viola la intimidad de los niños y pacientes, derecho humano fundamental, al presentarlos en los medios masivos de comunicación.
Hoy se percibe una serie de programas en salud que compiten dentro de la informalidad y la politización. Sin embargo, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, que debe hacer cumplir las normas para el funcionamiento de los establecimientos de salud, no hace nada.
No está mal que los políticos entiendan por fin que la salud es importante no sólo para ganar votos sino también para contribuir al bien común. Sin embargo, es bueno que piensen que los pobres son seres humanos y como tal deben ser tratados. Los derechos humanos son patrimonio de todos.
El respeto a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la intimidad es capital para brindar atención médica, en ambientes adecuados, con buenos equipos, insumos de calidad y personal médico idóneo.
La ciudadanía espera que estos aspectos que felizmente ya se encuentran normados en nuestro país, no sean letra muerta y que los políticos asuman las correcciones necesarias y que el Ministerio de Salud haga cumplir las leyes y asuma el rol rector que le corresponde.
El país esperaba unos lineamientos claros, con objetivos y estrategias, que permitan brindar a la población mejores servicios, mejorar la eficacia y eficiencia del gasto en salud, y que sirvan como puente para el siguiente gobierno. Sin embargo, se ha diluido en el detalle, en la anécdota. Ha faltado darle coherencia a los logros macroeconómicos con el sector salud. En salud, ha hecho falta el estadista.
Ha referido como logros al Seguro Integral de Salud, señalando sus diversos componentes, como parto institucional, el número de atenciones, disminución de la mortalidad infantil, el aumento del número de vacunas por niño, el incremento salarial de los profesionales de la salud y la rehabilitación en el presente año de 24 hospitales regionales. Y finalmente, como parte del Programa Nacional de Reparaciones, la asignación de 4 millones de soles para mejorar sus postas.
Ha omitido el alto nivel de ineficiencia del Seguro Integral de Salud, por el subsidio del Estado a las personas que no lo necesitan, sobre las quejas contra las vacunas (que contienen como preservante al mercurio y que pone en riesgo la salud de los niños) y señalar que sólo 24 hospitales regionales se beneficiarán de mejoras, sin precisar montos, es algo muy insignificante frente al colapso del sistema hospitalario del país.
La realidad de la salud en el Perú es otra. Hay un deterioro cada día mayor de los indicadores negativos (por ejemplo, dengue, malaria, tuberculosis, verruga, etc.), de la infraestructura, equipamiento y escasez de insumos.
Como sabemos, esto no se justifica sólo por falta de dinero, sino que hay ineficacia e ineficiencia. Se gasta el poco dinero sin objetivos claros y con estrategias costosas. La percepción que nos queda después del mensaje a la nación es que el sector salud está a la deriva y el primer mandatario no se da cuenta.
La profesión médica hace votos para que los actores políticos, la ciudadanía, saquen de la anécdota al sector salud y logremos que el gobierno perciba como necesaria la coherencia entre el desarrollo económico y el desarrollo de la salud.
Dr.
Herberth Cuba García*
El
Diario “La Primera” ha puesto sobre el tapete 2 hechos que han consternado a
la opinión pública: De un lado el referido a un despilfarro del dinero
asignado para los pacientes con VIH Sida en
supuestas campañas preventivas, en afiches, lapiceros, etc y de otro el
tráfico de las medicinas destinadas a los enfermos, señalando pruebas que
indican la venta ilícita de medicamentos donados.
Es
importante darnos cuenta que detrás de cualquier acto de corrupción interviene
no sólo la conducta inmoral y delincuencial de algún sujeto, sino, sobre todo,
la falta de elementos de control, de normas, y comportamientos que no toleren o
hagan imposibles los actos de corrupción. Una organización sin normas claras,
con principios morales relajados y sin liderazgo es probable que incube en su
seno terribles actos de corrupción.
El Ministerio de
Salud (Minsa) publicó en el Diario “El Peruano”, en el mes de
febrero del 2004, la norma legal que creaba el TARGA (Tratamiento
Antirretroviral de Gran Actividad), centralizado en 8 hospitales de diferentes
puntos de la capital, y en Organizaciones no Gubernamentales (ONG) debidamente
“acreditadas”. En la practica, el Minsa transfiere recursos a las ONG para
que estas sean intermediarias en la
prescripción y dispensación de los tratamientos contra el SIDA, así
como en la actividad preventiva. Esto significa que el subsidio del Estado para
el tratamiento de los pacientes con VIH- Sida no es un subsidio directo a la
demanda (pacientes), tal como ocurre con los pacientes del Seguro Integral de
Salud (SIS) sino, a las ONG y hospitales, es decir a la oferta (instituciones).
Conociendo las
malas experiencias de entregar el subsidio a las instituciones y no directamente
a los pacientes ¿qué ocurrió para que el Ministerio de Salud teniendo una
herramienta tan importante de subsidio directo como el SIS haya tomado el atajo
de los hospitales y las ONG?. Por
el momento no lo sabemos, pero alguien debería responder.
Además,
hay que remarcar que la norma legal aludida es genérica, escasa en mecanismos
de monitoreo y control, omisión grave si se tiene en cuenta que los
tratamientos antirretrovirales son muy costosos y, por lo tanto, se cumple el
dicho muy sabio que reza, “en arca abierta el justo peca”.
La ciudadanía espera que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias, y no se exhiban a delincuentes menores como chivos expiatorios. Hay que recordar que La Primera ha aportado denuncias de varios puntos del país. La situación de los afectados de tan alevoso delito son indefensos pacientes, muchos de ellos abandonados y que padecen atroces sufrimientos físicos y el estigma social. Para estos delincuentes que merecen el rechazo unánime, debe caer todo el peso de la ley. Asimismo, es necesario una profunda investigación y sanción de los funcionarios del Ministerio de Salud que han permitido un entorno tolerante a los actos de corrupción.
*DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
La Ministra de salud en el Congreso
Ha
culminado la presentación de la ministra de salud en el congreso de la República
cumpliendo la formalidad impuesta por el Presidente del Consejo de Ministros al
requerir que cada sector en sólo 10 minutos presente a la representación
nacionalsus lineamientos de política del corto plazo bajo los principios de
austeridad, participación y reconciliación
La
ministra ha resaltado el compromiso para trabajar el corto plazo con la mira en
el largo plazo para lograr el
acceso total de la población a los servicios de salud, para lo cual se ha
planteado un listado de acciones, de las cuales resaltamos algunas que
nos parecen indispensables para
revertir la actual situación de colapso del sector. Por ejemplo:
Un
aspecto novedoso y que se encuadra dentro de la reconciliación planteada por el
Premier está la ampliación del
componente de salud mental con miras a enfrentar las secuelas de la violencia
que afectó a nuestro país dando prioridad a 5 departamentos incluyendo
Ayacucho, además que da cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de
la Verdad.
Otro
aspecto importante ha sido su lectura crítica del Seguro Integral de Salud
(SIS) y ha planteado algunas líneas
de acción como la mejora del reembolso, la fiscalización, y el sistema de
identificación de pacientes. Como
todos sabemos el SIS tiene una demora en el reembolso de dinero a los centros
hospitalarios de varios meses lo que ha puesto al borde del colapso no solo al
SIS sino a los propios hospitales. Además, la fiscalización es engorrosa, se
audita con un sistema complejo, burocrático que produce una parálisis
administrativa que la vuelve ineficaz e ineficiente. Un aspecto central para
administrar el subsidio del estado es seleccionar adecuadamente a los pacientes
que son beneficiarios de este subsidio. No debe recibir subsidio el que no lo
necesita y debe recibirlo quien lo necesita. Así de simple. Por ello es
importante el anuncio del sistema de identificación de usuarios, aunque debería
llamarse sistema de identificación de afiliados o de pacientes.
Con
relación al SIS ha lanzado el reto de avanzar hacia el sistema de capitación.
Los 3 primeros aspectos reseñados con relación al SIS son mejoras
administrativas, sin embargo, el verdadero cambio, el rediseño,
es la aplicación del sistema de pago por capitación. Esto significa
cambiar totalmente el modelo de atención de salud actual. Se daría
énfasis a la prevención y se premiaría económicamente a los médicos
que menos enfermos atienden por haber
realizado un buen trabajo preventivo en su población asignada.
La
mayor crítica que han recibido sus antecesores provienen por la falencia en los
programas de planificación familiar, VIH SIDA y la tuberculosis. La ministra ha
prometido mayor énfasis, ha planteado algunas cifras, quedando pendiente
aclarar cómo lo logrará. Eso sí, la intervención de la nueva ministra de
salud vislumbra el abandono de las
corrientes fundamentalistas que se habían enseñoreado dentro del Ministerio de
Salud.
*DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Ha causado sorpresa la forma como el premier Carlos Ferrero se ha presentado en el Congreso cumpliendo el artículo 130 de la Constitución, para efecto de la cuestión de confianza. No ha leído el discurso ;programa y ha improvisado en modo didáctico en determinados pasajes del mismo. El mensaje con relación al sector Salud ha sido un listado inconexo de asuntos puntuales y ha eludido el aspecto deI Financiamiento de dicho listado. Ha guardado silencio sobre la desatención, del programa, de planificación familiar de los niños con insuficiencia renal y VIH Sida, del seguro integral de salud, que con tanto acierto fue señalado por la prensa. La mayor omisión ha sido la ausencia de lineamientos de política capaces desprender un proceso de reforma del Estado en el rubro de la salud.
Por ejemplo, ha señalado que Seguro Integral de Salud incrementará sus atenciones a 8.8 millones de personas, sin explicar como resolvera primero el colapso económico en, que se encuentra. A renglón seguido ha prometido que en un mes será presentado al Congreso un Proyecto, de Aseguramiento Universal en Salud. Según ha trascendido se. pretende unificar EsSalud con el Seguro Integral; de Salud. Es decir, se pretende que EsSalud con su ya deficitario financiamiento resuelva la atención médica de 8.8 millones dé personas adicionales.
Ha resaltado que existen US$ 18 millones del convenio de cooperación internacional llamado Fondo global para atender las necesidades del sida, tuberculosis y malaria. Es una buena noticia, pero hay que mencionar que es insuficiente. Solo el programa de tuberculosis debería duplicar ;esa cifra. De igual manera, la promesa que en el 2004 el 100% de los niños menores de un año serán vacunados, es un mea culpa por el descuido de! programa de inmunizaciones y cuyo resultado fue el 'rebrote de algunas enfermedades propias de la infancia como la, tos convulsiva.
Há prometido la construcción del nuevo hospital de San Juan de Lurigancho con 80 camas en el 2004 y; la inversión de soIo US$ 6 millones para adquirir equipos médicos para repartirlos a 244 establecimientos a nivel nacional. Cabe precisar que la propia población del distrito se había movilizado exigiendo un hospital, sin embargo, un hospital de 80 camas es pequeño frente a las necesidades de más de; un millón de personas.
En relación con EsSalud ha prometido el reequipamiento hospitalario de alta complejidad,sin precisar cifras, destinado a las emergencias a escala nacional. El gesto es importante si se tiene en cuenta que el nivel de obsolescencia de los materiales, equipos e infraestructura de EsSalud es de más de 30 años.
La
sanidad de la policía se encuentra en proceso de reestructuración, esto involucra
personas, equipos, insumes y procesos, además de lincamientos de política, que
lamentablemente no han sido señalados y ha planteado únicamente su
tercerización Ha hecho mención especial al afán de moralizar la sanidad,
sobre todo en el rubro de medicamentos.
En e! tema educativo resaltó el nombramiento inmediato de más de cinco mil docentes que se encuentran hoy e calidad de contratados; sin embargo, ¿por qué no se ha referido al nombramiento de los médicos del Ministerio de Salud? Es obvio que no está en la agenda,del gobierno. No ha comprendido aún la importancia de la libertad de conciencia del médico en el ejercicio de su profesión y como derecho de los pacientes.
Y finalmente ha señalado como un espacio de concertación, además del Acuerdo Nacional, a una decena de consejos, entre los cuales está el Consejo Nacional de Salud, según la versión expuesta que no se encuentra en la versión impresa y publicada en El Peruano. Es decir, hay dos versiones sobre el Consejo Nacional de Salud. La versión hablada introduce un nuevo giro a su esencia, pues fue creado como sustento del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. El nuevo giro podría corregir las objeciones que se han hecho, para que se democratice y resuelva las exclusiones de la sociedad civil. Esperamos que estas dos versiones sean solo un lapsus de la prensa y no el, afán desmedido de ganar la confianza.
* directivo de la asociación médica peruana
Herberth Cuba García*
Gran controversia ha generado el
Proyecto de Ley aprobado en el pleno del Congreso de la República con relación
a la obligación de los médicos de contratar un seguro por negligencia,
impericia, imprudencia y error médico, debido que la población luego de la
euforia inicial al analizar con mayor detenimiento comprende que esta
indemnización sería casi imposible. El Proyecto de ley denominado ¨SOAT Médico¨
o Proyecto Amprimo, perjudica a los ciudadanos, al Estados, a los profesionales
y servidores de salud y a los médicos. Es ineficaz e ineficiente.
Los hospitales muchas veces en los procesos judiciales han querido alegar el
mito de que los médicos que laboran en los hospitales lo hacen en libre
ejercicio de su profesión y por tanto, ellos, los médicos, asumen solos la
responsabilidad de sus actos y los daños que pudieran inferir, sin que la
institución pueda ser responsable de los daños ocasionados.
Esta es una falacia, ya que es fácil de entender que los hospitales se obligan
a respetar un contrato de alojamiento, alimentación, transporte, cuidado,
suministro de medicamentos, materiales, insumos, equipos, infraestructura y
personal idóneo y capacitado. Cuando falla alguno de estos componentes, a pesar
que querer hacer las cosas bien, se configura la negligencia sanitaria o del
sistema de atención hospitalaria.
Los daños se pueden producir por una silla o camilla en mal estado, alguna
infección alimentaria, problemas en las dietas, transporte dentro de la
institución para la toma de análisis, uso de ascensores, cuidado de enfermería,
uso de monitores, los medicamentos que pueden ser falsificados, adulterados, o
vencidos, insumos inapropiados, infraestructura inadecuada y obsoleta y mala
selección de personal y falta de capacidad para el trabajo en equipo,
incumplimiento de las obligaciones de cada grupo ocupacional y profesional, son
ejemplo de lo que configura la negligencia sanitaria, la misma que engloba a la
negligencia médica, negligencia de los demás profesionales de la salud, de los
técnicos y demás servidores.
En el Perú, a pesar que desde el año 1996 se empezó un Proceso de Acreditación
de las facultades de medicina, a través de un Comité de Acreditación que se
encarga de verificar que las facultades de medicina cumplan estándares de
calidad óptimos en la formación de médicos, del Proceso de Recertificación
Académica de los médicos, con su propio dinero, a través de un Comité que
verifica que los médicos acrediten una capacitación permanente, y de controlar
en modo cada vez más estricto el ejercicio de las especialidades médicas, y
del reforzamiento ético y moral de los médicos todavía se presentan
negligencias. Por ejemplo en el año 2002, recibieron sentencia 21 casos, de un
universo de 37 millones de actos médicos. La profesión médica es la única
profesión que por propia iniciativa realiza estos procesos. No hay otra. Y así
debe ser.
El Poder Judicial que ventila estos casos fue arduamente criticado por su
lentitud y su falta de confianza, por ello, en la década pasada se creó el
arbitraje y la conciliación extrajudicial. Estas vías extrajudiciales han
aligerado enormemente la carga judicial y muchos pacientes han recibido
indemnizaciones.
Es evidente que los pacientes buscan una indemnización adecuada y oportuna de
todos los daños ocasionados por la negligencia sanitaria, sin embargo, el
Proyecto de Ley Amprimo, ha puntualizado tanto los daños a indemnizar que no se
indemnizaría casi a nadie. Además, diferenciar la negligencia médica de la
sanitaria es como buscar una aguja en un pajar, lo que significaría un proceso
previo que requiere tiempo y dinero que los pacientes tendrían que soportar. Es
decir, un doble proceso, por un lado, demostrar la negligencia médica, la
impericia, la imprudencia el error médico y por otro ante la aseguradora que
pretenderá afirmar lo contrario para no indemnizar. El remedio es peor que la
enfermedad.
¿Es más confiable una compañía aseguradora que el poder judicial, el
arbitraje y la conciliación extrajudicial?. Amprimo afirma que sí. Yo lo dudo.
La experiencia en el área médica es rica para demostrarlo. Las aseguradoras
siempre analizan al detalle lo que van a pagar, inducen a los médicos a usar
medicamentos baratos, procedimientos mínimos y muchas veces no cubren los
gastos por cualquier pretexto. La letra menuda es la excusa para no pagar.
Finalmente, el Proyecto Amprimo no tiene un estudio costo beneficio como manda
la ley. La Ley General de Salud en su artículo 48 señala la corresponsabilidad
entre el hospital y su servidores, lo que significa un gasto enorme para un
seguro que no indemnizaría a casi nadie, aún no presupuestado y en período de
austeridad. Como sabemos el 90% de las atenciones médicas están a cargo del
Estado a través del Ministerio de Salud, Essalud, Sanidades de la FF.AA: y
FF.PP y Municipios. El Proyecto es ineficaz, ineficiente y viola los derechos
humanos de los pacientes al discriminar sus derechos a indemnizaciones y
fomentar la irresponsabilidad hospitalaria. El presidente Toledo debe observar
la norma, devolverla al Congreso, donde dejando atrás la viveza criolla, se
acometa un profundo estudio recogiendo las legítimas necesidades de los más
pobres, para indemnizar con justicia y equidad sin servir intereses
particulares, sino al bien común.
ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Herberth Cuba García
Gran controversia ha generado la
aprobación del Proyecto de Ley que incluye dentro de los derechos de los
pacientes la obligación que los profesionales de la medicina cuenten con un
seguro de negligencia médica, impericia, imprudencia y error médico, debido a
que el proyecto es oneroso, ineficaz, ineficiente y viola los derechos humanos
de los pacientes, por lo siguiente:
Ningún grupo de poder y tampoco un gremio profesional puede supeditar los
intereses nacionales y el bien común a los suyos propios y menos aún propiciar
toda una campaña que erosione la confianza y la gobernabilidad del país, por
ello, es contraproducente que los grupos que proponen la norma legislativa, que
es equívoca en su concepción, generen un vendaval de desconfianza y mellen la
imagen de los hospitales e instituciones médicas, reduciendo el debate al
supuesto egoísmo de los médicos.
Se ha calculado en 504 millones de soles al año, es decir, casi el 70% del
presupuesto del Ministerio de Salud, el monto que el Estado transferirá a las
aseguradoras para indemnizar a los pacientes, por cuatro daños muy puntuales:
negligencia, impericia, imprudencia y error médico. Diferenciar estos cuatro
aspectos dentro de la totalidad de la negligencia sanitaria es difícil,
engorroso y prolongado, lo que ameritará un proceso contencioso previo. Los
ciudadanos tendrán que interponer un doble proceso, por un lado, contra las
aseguradoras para ser incluidos en alguno de los cuatro aspectos y por el otro,
contra los hospitales o profesionales de la salud por una indemnización justa.
Los médicos gastarían gustosos su dinero si estuviesen seguros que el gasto
solucionaría el problema de decenas de personas que claman por indemnizaciones
debido a la precaria situación sanitaria del país. Pero esto no es así.
Las aseguradoras cobran en función de la siniestralidad (incidencia del hecho)
y la cantidad que se decida indemnizar. Un médico con una mayor incidencia de
siniestralidad pagará más que uno de baja siniestralidad. Las especialidades
de mayor riesgo pagarán más. La siniestralidad se incrementa por las precarias
condiciones del sistema sanitario y por el número de quejas, por ello, los médicos
se abstendrán de realizar actos médicos cuando todas las condiciones de
trabajo no sean óptimas, es decir, los médicos trabajarán defensivamente,
transformado la relación de confianza con su paciente, en una de desconfianza,
al verlo como futuro litigante.
El sistema de salud sufrirá un doble daño, por un lado gastará más al
comprar un seguro que no indemnizará a casi nadie y por el otro colapsará
sobre todo en los sectores más pobres por la escasez de recursos y la medicina
defensiva.
La historia clínica recoge los secretos de confesión de los pacientes, revela
su intimidad más profunda, con la finalidad de ayudar al diagnóstico. Se
consigna por ejemplo, la vida conyugal, hábitos, en fin todo aquello que los
seres humanos protegen con tanto celo. El secreto profesional es un derecho de
los pacientes que resguarda su intimidad. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Constitución del Estado, protegen la intimidad y el
secreto profesional. Sin embargo, el seguro médico pretende que las historias
clínicas pasen a las aseguradoras. Tres compañías aseguradoras conocerán
mejor la historia de vida de cada uno de sus potenciales clientes, su vida
personal y sus riesgos.
El Presidente Toledo debe observar la norma, el Congreso corregir su concepción
equívoca que excluye la negligencia sanitaria, que es la más común, y
legislar pensando en el bien común, respetando los derechos humanos,
protegiendo la intimidad y el secreto profesional y reconocer el derecho a una
indemnización justa y oportuna.
ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
El
nombramiento de médicos y su efecto contra la pobreza:
Herberth
Cuba García*
El
Congreso de la República ha aprobado multipartidariamente y con altísima
votación, 78 votos a favor y sólo 2 en contra, el nombramiento de todos los médicos
que laboran en la condición de contratados en Ministerio de Salud. Esta norma
tiene enormes implicancias en el desarrollo de la salud en el Perú por
que formaliza la permanencia de los médicos en los lugares más
apartados y pobres de nuestro país..
Además,
resuelve la gravísima problemática del médico contratado.
La
Asociación Médica Peruana, en noviembre del año pasado, presentó el
proyecto de ley 9314-2003, a través del Congresista Iván Calderón, denominado
“nombramiento automático de médicos contratados por cualquier
modalidad, (CLAS, SNP, Salud Básica, etc)”. Luego de arduas negociaciones,
sobre todo debido a las carencias presupuestales, el día de ayer, el Congreso
de la República ha aprobado el nombramiento automático de todos los médicos.
Este es un acto sin precedentes por su trascendencia en la salud del país.
Esta
ley, largamente esperada, se aplica para todos los médicos contratados de MINSA
y que tengan como mínimo 2 años de antigüedad continuada o 4 años, en modo
discontinuo en la última década, además de la habilitación del Colegio Médico
del Perú y no tener antecedentes penales.
La
reivindicación laboral de los médicos no sólo formaliza el empleo, sino también,
revalora la profesión en su conjunto, porque otorga seguridad jurídica para el
ejercicio de la libertad de conciencia del médico en el discernimiento clínico.
Además, permitirá crear plazas permanentes en los pueblos y villorrios más
alejados y pobres del país. Como se sabe, hoy día, a pedido de la comunidad se
contrata a un médico por un tiempo establecido, luego de haber culminado el
contrato, el médico se va y el pueblo pierde su médico y otras vez empieza el
drama.
Esta
ley creará plazas en los lugares más alejado del país y compensará
adecuadamente a los médicos que allí laboran. La experiencia del último
concurso de plazas, que motiva una serie de quejas, por ejemplo, el nombramiento
solo en Lima y otras
irregularidades, como la inclusión de criterios groseramente subjetivos en la
calificación del currículo vitae, que la prueba de conocimientos sólo
representaba el 5% del puntaje total y como si esto fuera poco a la entrevista
personal se le destinó un 30%, de ¡Riplyey!. La Asociación Médica Peruana ha
rechazado el mencionado concurso y presentó la alternativa del nombramiento
automático, proyecto que hoy se encuentra ya felizmente aprobado por el
Congreso de la República.
Sin
embargo, hay algunos médicos nombrados que están planteando que este era sólo
uno de los puntos del pliego de reclamos, y es cierto, pero es el que tenía
prioridad, y por lo tanto, hay que dedicarle la mayor disponibilidad
presupuestal. Por ello, intentar forzar también otros puntos de agenda que
implican mayor gasto en esta
circunstancia, podría correr el riesgo de disminuir el dinero necesario para el
nombramiento de todos los contratados. Es decir, desvestir un santo para vestir
a otro. Dadas las implicancias de esta norma y sobre todo el impacto positivo en
la lucha contra la pobreza, se debería dar todas las seguridades para la
implementación inmediata de los nombramientos.
*DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN MEDICA
Dra. Flora Luna Gonzáles*
Estamos en pleno debate con relación al seguro de responsabilidad médica aprobado por el Congreso y presentado por el congresista Amprimo e impulsado por aseguradoras privadas, que a pesar de manifestarse intencionalmente poco en los medios de prensa, reconocemos su intenso trabajo de marketing. Semana tras semana han estado realizando una estrategia no ética contra la profesión médica, para lograr una polarización maquiavélica entre los médicos y la población.
Sobre las aseguradoras privadas es necesario hacer una profunda reflexión. Es conocido que después del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, los pagos por indemnización realizados fueron cuantiosos, por las enormes pérdidas ocurridas en vidas humanas, la destrucción de propiedades e inmuebles, aviones, etc. Por ejemplo, si uno ingresa por Internet a las diferentes revistas de seguros a nivel internacional, rápidamente se dará cuenta de dos cosas: los inmensos desembolsos que estas grandes aseguradoras han tenido que realizar y en segundo lugar las nuevas estrategias emprendidas para recuperar el dinero perdido (creación del SOAT vehicular y los seguros de responsabilidad Médica Obligatorios).
¿Existe en toda Latinoamérica un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Médica?, ¡no!. En ningún país. Tampoco aquellos que están en mejores condiciones económicas que nosotros, entonces, ¿por qué se quiere imponer un seguro obligatorio de este tipo?, por lo siguiente:
El Perú es un país que tiene sólo un 10% de toda la población en los niveles socioeconómicos A y B, que representa casi a 450,000 familias y lamentablemente son las únicas que pueden acceder a un seguro de atención médica.
En estos últimos años las Empresas Prestadoras de Salud (compañías aseguradoras), no han podido crecer a pesar de todos sus esfuerzos porque ya han alcanzado el tope de las familias de los grupos socioeconómicos A y B aseguradas.
La mayoría de médicos así como los propietarios de las diferentes clínicas, coinciden en rechazar las barreras que se han ido creando para la atención de los pacientes de las aseguradoras privadas. Por ejemplo los copagos (pagos adicionales al momento de la atención médica) se han incrementado progresivamente, además se viola el principio de libre elección, es decir, el principio fundamental de los derechos del paciente, que permite escoger a su médico, y esto a pesar de pagar un seguro.
Peor aún, el paciente es discriminado en las atenciones de salud en relación al monto del pago que realiza, al obligarlos a acceder a una atención médica sólo a determinados ámbitos geográficos. Finalmente advertimos que las clínicas se encuentran en situación de crisis económica porque éstas aseguradoras no reembolsan la totalidad de los servicios prestados.
Los Médicos no podemos ni debemos poner en riesgo a los pacientes para ofrecer sólo un mínimo en análisis, procedimientos y medicamentos, aunque sepamos que las aseguradoras no nos van a reembolsar, ¿Pero actualmente quién defiende a las clínicas, a los médicos ya los pacientes enfrentados por éstas reglas de juego netamente económicas implantadas por los seguros?
Con relación al Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (SOAT) muchos de los pacientes son sacados de las clínicas por los brokers de seguros y llevados a los hospitales públicos donde los médicos atienden a los pacientes con muchas limitaciones, pero éstas aseguradoras tampoco reembolsan a los hospitales por los gastos realizados a los 10 días como manda la ley, si no después de 2 meses y casi nunca por los montos totales.
Finalmente debemos recordar que INDECOPI tiene un proceso abierto contra las aseguradoras del SOAT vehicular por concertación de precios, y además que en el lapso de un año han incrementado sus primas de 70 dólares a 90 y actualmente a 100 dólares.
Señoras, Señores ¿es a estas mismas aseguradoras (el mismo grupo empresarial privado) a quien nosotros vamos a confiar el pago de todas las indemnizaciones de los peruanos por negligencia médica, sabiendo desde ya que es difícil demostrarla dentro del gran universo de la negligencia sanitaria? ¿La Asociación de Protección de Usuarios y Consumidores puede hacer algo al respecto?. La población peruana especialmente la de más escasos recursos necesita protección contra los intereses de éstas poderosas compañías aseguradoras y no al contrario. ¡Los pobres necesitan verdaderos defensores!.
Directiva de la ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Herberth Cuba García*
El reciente proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, que crea el seguro obligatorio médico, ha generado una enorme polémica, porque no beneficia a nadie. Genera en cambio un enorme perjuicio a la población, al Estado, a los trabajadores de salud y a los médicos.
Las leyes vigentes reconocen el derecho a la indemnización por cualquier daño ocasionado por el ejercicio profesional, sin embargo, el proyecto de ley ha especificado los daños, reduciéndolos exclusivamente a los de negligencia, impericia, imprudencia y error médico, dejando fuera de la indemnización otros que son más frecuentes como la negligencia sanitaria, es decir, por falta de equipos, insumos, equipamiento, medicamentos, etc., los casos fortuitos y sobre todo los delitos dolosos, es decir, aquellos profesionales que usan sus conocimientos para hacer daño.
Esta puntualización de los daños a indemnizar genera suspicacias, debido a que son poco frecuentes (41 casos de 37 millones de actos médicos) y sobre todo porque las aseguradoras tendrían que hacer un proceso previo para separar los daños indemnizables de los que no lo son. Proceso que tardará tanto que la indemnización ya no será oportuna. El peligro es que los pacientes terminarán realizando un doble proceso judicial, uno por la indemnización y otro contra la aseguradora. Es decir, el remedio será peor que la enfermedad.
La queja justificada de los pacientes se refiere a la negligencia sanitaria, a la irresponsabilidad de las instituciones que administran la salud del país, incluyendo a las propias compañías aseguradoras de asistencia médica. Sólo basta averiguar a la Superintendencia de EPS (aseguradoras privadas), qué volumen de quejas y reclamos manejan por incumplimiento de los contratos y prestaciones médicas.
La atención médica en las zonas alejadas de la capital se realizan en condiciones difíciles y muchas de las veces con consultas gratuitas o muy baratas, pero al introducirse este seguro se eliminará la filantropía por las la avalancha de las demandas injustificadas que esto acarreará. Además el Estado asignará sus escasos recursos para asegurar a sus médicos, transfiriendo recursos a las aseguradoras. Hay que recordar que el 90% de los actos médicos en el país lo realiza el sector público.
La población quiere una protección verdadera, de todos los daños pronta y oportuna. Hay que reforzar el Poder Judicial, el sistema extrajudicial del arbitraje y la conciliación y sobre todo no quiere que unos pocos engorden sus arcas a costa de sus necesidades. Las aseguradoras deberían primero ser auditadas en su cumplimiento en el área médica antes de proceder a promulgar esta ley. El presidente Toledo debe observar la norma. La población más pobre así lo exige.
ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Herberth Cuba García
El gobierno ha promulgado la Ley de la obstetriz. Situación que no hace más que aumentar el caos que existe en el sector salud. Están en compás de espera 12 leyes más, de otras tantas profesiones de la salud. Cada una de estas profesiones tienen ley propia que es la ley de creación de los respectivos colegios profesionales. Estas Leyes valoran la importancia de cada profesión de la salud. ¿Porqué entonces nuevas leyes?, los profesionales de la salud arguyen que lo que pretenden es incrementar sus conquistas laborales. Sin embargo, comprobamos que los proyectos aludidos sólo usan como pretexto el reclamo laboral para incluir en sus leyes competencias profesionales mayores. En otras palabras pretenden reemplazar a médicos sin haber estudiado como tales.
Se trata de comprender que los hospitales y centros de salud son establecimientos cuya misión es realizar actos médicos, es decir, prevenir y curar las enfermedades de los ciudadanos. Todas las ciencias básicas como la biología, la psicología, química, farmacia, etc son aplicadas a la medicina por el médico. Ninguna de ellas puede reemplazar a la medicina. Como tampoco un psicólogo clínico, educacional o jurídico puede reemplazar al médico, al maestro o al abogado. Precisamente la medicina es muchos más que cada una de las ciencias que las constituyen.
Todos sabemos que en el Perú existe un divorcio entre las universidades y los establecimientos que emplean a los egresado de sus claustros. El caso del Ministerio de Salud y las universidades peruanas no podría ser la excepción.
La autonomía universitaria permite que cada universidad defina el perfil del egresado de cada profesión de la salud a su manera. Esto trae como consecuencia que con el afán de atraer mas estudiantes, algunas ofrezcan a los postulantes la posibilidad de desempeñarse como médicos en poco tiempo, con carreras mas cortas de la salud. Juegan con las expectativas y estafan a los jóvenes postulantes.
Por otro lado, es el título profesional a nombre de la Nación el que asigna las funciones de cada profesional y no el Ministerio de Salud. Lo que hace el Ministerio de Salud, es reglamentar la organización y las funciones del cargo que ocupa cada profesional.
Sin embargo, lo grave del asunto es que el propio Ministro de Salud no tiene claro cuales son las funciones y competencias de cada profesión de la salud. El Caos lo inició el propio Ministerio de Salud al atribuir funciones médicas a profesionales no médicos con el fin de abaratar costos, aunque también, hay que decirlo, engañando a la población. Los pacientes acuden al médico y el Ministerio de Salud y Essalud les ofrece otro profesional y lo que es más grave aún sin el conocimiento y menos el consentimiento de los pacientes, lo que configura legalmente una estafa. Se ha llegado al extremo de generarse grandes conflictos por la atención de los pacientes entre profesionales. Todo el país ha sido testigo de marchas, huelgas, incluso huelgas de hambre, etc.
Esta situación origina 3 daños:
1.- La ineficacia e ineficiencia de los establecimientos médicos, con grave
perjuicio de la salud de la población
2.- La violación del derecho a la intimidad de los pacientes. Los enfermos son
desvestidos y revisados en su intimidad, sin la correspondiente confidencialidad
y secreto profesional que le da la profesión médica.
3.- Es una estafa de parte de las instituciones médicas públicas ya que al
paciente no se le informa que su atención no esta en manos de un médico.
Ahora, en medio del caos, de la protesta, están en compás de espera 12 proyectos de ley más. Se espera mayor conflicto. . Las competencias profesionales de cada profesión que laboran en el Sector Salud no debe dejarse al libre criterio de las propias universidades, y tampoco que las funciones del los profesionales los asigne el ministerio de Salud, por ello el Congreso de la República debe legislar sobre competencias de los profesionales que laboran en el sector Salud, unificando criterios mínimos, evitando así que se juegue con las expectativas y aspiraciones de los jóvenes peruanos. No hay que olvidar que las leyes fijan las condiciones para autorizar el funcionamiento de las universidades.
ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Herberth Cuba García*
La aprobación del Presupuesto General de la República permite ser realistas ante las expectativas y promesas de los políticos y gobernantes. La relación entre el plan Estratégico Nacional y los Planes Sectoriales Multianuales y el Presupuesto General de la república, es la relación entre el deseo y lo que realmente puede hacer el gobierno. El Presupuesto General de la República es el instrumento financiero indispensable en el manejo económico y tiene un riguroso procedimiento, con plazos perentorios y fórmulas legales.
Precisamente, el Plan estratégico Nacional señala que la salud y Educación son aspectos prioritarios y dentro de la salud el Seguro Integral de salud y el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud, sin embargo podemos apreciar que no ha cambiado lo que históricamente ocurre. Por ejemplo del análisis histórico del presupuesto remarcamos que del total de los ingresos fiscales por recursos propios del Gobierno Central, el sector que más aporta es el sector salud. En un país pobre como el nuestro esta gran contribución es sumamente regresiva, debido que perjudica a los más pobres. Hay que recordar que los establecimientos de salud generan ingresos, que se originan por los cobros que se hacen a los pacientes, los mismos que pagan absolutamente todos los servicios, y que resulta inhumano considerando que es la población más pobre del país.
Otro ejemplo, El Seguro Integral de Salud es una política prioritaria de corto y mediano plazo del Plan Estratégico Nacional, pretendiendo su universalización, sin embargo podemos apreciar que el presupuesto asignado es insuficiente para las metas establecidas, dividiendo 163,695,000 entre 6,613,000 atendidos resulta un promedio de gasto de 24 soles por atendido para el año 2003 frente a 38.5 soles asignados en el 2002. Además, el Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud no figura siquiera en el Presupuesto General de la República.
Finalmente, del total de proyectos de inversiones propuesto por el Ministerio de Salud y aprobado por el Congreso de la República, y cuyo monto total asciende a la suma de 196 145,742 soles casi la totalidad de proyectos se realizan en Lima. Es decir para provincias sólo ha aprobado un proyecto para el Hospital Santa María del Socorro de Ica, Belén de Trujillo, y Olavegoya de Jauja y el de Ayaviri., por un monto de 8 320,000 soles. Es decir, sólo el 4.24% del presupuesto para proyectos de inversión del Ministerio de Salud para las provincias. Otra vez una distribución regresiva de la inversión pública, se deja de invertir en los lugares más pobres y alejados del país, ampliando la brecha de la inequidad, una vez más la expresión del supremo centralismo.
Se hace necesario corregir esta enorme inequidad, los médicos, la población en general y sobre todos los actores políticos deben comprender que la Planificación Estratégica Concertada o Participativa se hace imperativa por la situación por la que atraviesa el sector salud, tomando en cuenta, sin demagogia y previa comprensión de la directiva que elabora el Ministerio de Salud que obliga a aceptar lineamientos que tocan aspectos de finanzas públicas y disciplina fiscal. Esperamos que el 2004 sea diferente.
ASOCIACIÓN MÉDICA PERUANA
Herberth Cuba García*
El primero de enero han tomado posesión de sus cargos los 25 Gobiernos Regionales del Perú. Los discursos de asunción en su gran mayoría han sido de reclamo y protesta. El sector salud ha contribuido a atizar el obstáculo y el conflicto. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales colisiona con la Ley 27813, que crea el ente burocrático, centralista, estatista y oneroso llamado Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. (SNCDS).
A iniciativa del propio ministro de salud su sector será transferido al final del proceso de regionalización. Esto significa una colisión a lo que se promulgó en agosto del 2002 con la Ley 27813, que crea el SNCDS, que transfiere a los gobiernos regionales y locales los servicios de salud en modo progresivo a partir de enero del 2003.
La Ley de Regionalización tiene entre sus partes más
polémicas la participación de la Sociedad Civil. Sin embargo, la ley 27813 del
SNCDS, toma la delantera y crea el Consejo Nacional, Regional y Local de Salud
al margen de los Gobiernos Regionales y se viene instalando en modo progresivo a
nivel nacional. Es decir, el Ministro de Salud pide tiempo para consolidar un
proceso de coordinación y participación regional paralelo y a contracorriente
del proceso de regionalización y descentralización política.
Para graficar la ley 27813, (SNCDS), sólo diremos que forman parte del Consejo
Nacional de Salud 9 miembros. Un representante de cada uno de los siguientes
subsectores: del Ministerio de Salud, del Seguro Social, Asociación de
Municipalidades, Sanidades de las FFAA y Policiales, Servicios de Salud del
Sector Privado, Asamblea Nacional de Rectores, Colegio Médico del Perú,
trabajadores del sector, organizaciones sociales de la comunidad. Esta misma
estructura de 9 miembros se replica en el Comité Regional, en el Comité
Provincial y en el Local. Esto significa un armatoste burocrático, pesado,
costoso y estatizado. Alguien debe pagar las dietas, viáticos, oficinas,
movilidad, local, etc. ¡Qué distinta es la estructura de los gobiernos
regionales!.
Por otro lado, el análisis de los ingresos de la caja fiscal evidencia que los rubros de medicinas y servicios de salud se reportan como el primer lugar en recaudación. En el Perú los hospitales públicos cobran todo y el Seguro Integral de Salud, que ha sido diseñado sobre la base del Seguro Escolar Gratuito, como subsidio estatal, al ampliar la población con derecho a atenderse, ha quedado totalmente desfinanciado. La escasez de medicamentos, insumos, equipamientos y la exclusión de un enorme grupo de enfermedades frecuentes, hace que la propia población pobre pa