Ante negativa de los profesionales y trabajadores de Salud
SOAT MÉDICO SIGUE EN DISCUSIÓN

Con asombro los profesionales y trabajadores de las diversas instituciones que brindan servicios de salud en sectores públicos como son Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Armadas, Municipios, etc, observan el tratamiento que se esta dando en el Congreso de la República a través de las Comisiones de Salud y Defensa del Consumidor, quienes ayer con inusitada rapidez han discutido la iniciativa del Ejecutivo.

Ahora que se conoce el texto completo del Proyecto de Ley del mal llamado SOAT Médico que comprende no sólo a los médicos sino a todos los trabajadores de los servicios de salud, resulta inaudito pensar que el Estado deba trasladar mas de 720 millones de soles a las empresas aseguradoras para que los problemas de salud del Perú se solucionen.

Los servicios de salud tienen a mano vías para los pacientes víctimas de negligencias, impericias, imprudencias y omisión a través de mecanismos extrajudiciales de conciliación y arbitraje. Esto permite resarcirlos hasta en 48 horas. Los servicios de salud privados, usan frecuentemente este mecanismo y solucionan el 98% de sus controversias. ¿Dónde esta el problema, entonces? En el sector público, ya que los directores de los hospitales públicos no tienen el dinero ni la autorización administrativa para emprender acciones de conciliación o arbitraje con los pacientes afectados por los servicios que administran, a pesar que la ley lo permite. Peor aun, insisten en obtener una sentencia del poder judicial para colocar la suma a resarcir en el presupuesto para el siguiente año, y si el Ministerio de Economía y el Congreso no aprueban ese pago en el presupuesto anual, es evidente que el paciente dañado es víctima de una injusticia adicional.

Es necesario que el gobierno a través del Ministerio de Economía tenga un FONDO DE RESARCIMIENTOS INTANGIBLE, y que los directores de todos los nosocomios del país puedan cumplir la ley de conciliación y arbitraje. Sólo cuando las pretensiones no armonizan con la realidad se tendría que llegar al poder judicial, pero aún en ese caso, los pagos exigidos por las sentencias sería inmediato a través del fondo.

Transferir 720 millones de soles a las aseguradoras privadas por adelantado para indemnizar a pacientes víctimas de los servicios de salud, tomando en cuenta que este gasto no significa mejora alguna de los servicios de salud (al contrario, menores recursos) sin tomar en cuenta que el 25% de la población no tiene acceso a la atención médica, ES INAUDITO. No olvidemos que el SIS (Seguro Integral de Salud) creado para atender a los más pobres del país y que todavía no llega a cubrir de atención médica de todos los que la necesitan solo tiene un presupuesto 300 millones de soles.  Ahora preguntémonos, ¿A quién quiere beneficiar el Gobierno?